Conocida por sus beneficios en la reducción de la fatiga, el estrés y los problemas musculoesqueléticos, esta iniciativa no solo promueve la salud y el bienestar de los trabajadores, sino que también presenta una oportunidad para que las empresas incrementen la productividad y satisfacción laboral de su equipo.
En diversos sectores laborales en México, es común que los trabajadores pasen largas jornadas de pie, una práctica que tiene graves repercusiones para la salud. Personal de seguridad, empleados de hoteles, restaurantes y tiendas de autoservicio son solo algunos de los grupos afectados por esta problemática. A pesar de la amplia documentación científica que destaca los riesgos para la salud de estar de pie durante períodos prolongados, aún persisten empleadores que consideran que permitir a los trabajadores sentarse podría dar una mala imagen a sus negocios.
Ley Silla en México: qué consecuencias trae no descansar en el trabajo
De acuerdo con la memoria estadística del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 19% de los certificados de invalidez emitidos en 2022 se relacionaron con dorsopatías y artropatías, ambas enfermedades ergonómicas. Además, durante 2022, el IMSS atendió a más de 31 mil pacientes con fascitis plantar, una condición común entre quienes trabajan de pie. Las repercusiones de no permitir a los empleados descansar adecuadamente incluyen:
Ley Silla: qué beneficios brinda a las empresas
Implementar la "Ley Silla" no solo beneficia a los trabajadores, sino que también presenta una oportunidad para las empresas. Algunos de los beneficios para las áreas de Recursos Humanos incluyen:
Ley Silla: un camino hacia el bienestar de los colaboradores
Ante esta problemática, surge la "Ley Silla", una iniciativa que busca garantizar el derecho al descanso con asiento durante la jornada laboral. Esta propuesta, aprobada en el Senado pero pendiente de dictaminarse en la Cámara de Diputados desde febrero, pretende asegurar condiciones laborales dignas para quienes deben trabajar de pie.
La "Ley Silla" fue promovida por la senadora Patricia Mercado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y ha recibido el apoyo de diversas organizaciones y expertos en recursos humanos de todo el país. La iniciativa estipula sanciones para los empleadores que no cumplan con las disposiciones y busca proteger especialmente a los sectores más vulnerables, como las mujeres en trabajos precarizados y personas con condiciones de salud preexistentes.
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